El teléfono contra el acoso escolar y malos tratos en el ámbito de los centros docentes, el 900 018 018, está operativo desde este martes para que alumnos, padres, docentes o cualquier otra persona pueda denunciar casos relacionados con este tipo de violencia en las aulas.

Otras imágenes 2 Fotos Funcionará las 24 horas del día, todo el año y será gratuito y anónimo, ya que las llamadas no quedarán reflejadas en la factura de los usuarios, destacó el Ministerio de Educación durante su presentación el pasado mes.

Las llamadas serán atendidas por profesionales de psicología, juristas, sociólogos y trabajadores sociales y los usuarios con discapacidad auditiva o del habla dispondrán de un servicio de mensajería de texto así como la atención de un agente en lenguaje de signos por vídeo-chat o vídeo-llamada.

Cualquier persona que tenga conocimiento de casos de acoso escolar, tanto dentro como fuera del colegio e instituto (también los centros españoles en el extranjero) podrán denunciarlo en el nuevo teléfono, que también atenderá los casos de ciberacoso a través de internet, móviles y redes sociales.

Además, los profesionales derivarán los casos que estimen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la inspección educativa, centros de salud, Ministerio Fiscal y otras autoridades e instituciones competentes. Fichero de atención Para contabilizar esta lacra -afecta a alrededor del 4 % del alumnado, según datos de Educación- también se ha creado un fichero de «Atención de casos de acoso escolar y malos tratos en el ámbito de los centros docentes del sistema educativo español».

La orden de creación de dicho fichero -aparecida en el BOE el pasado sábado- señala que su objetivo es la gestión de consultas y peticiones de ayuda relativas a casos de acoso escolar tras recogerse a través del nuevo teléfono, por correo postal, fax y formularios impresos y electrónico publicados en la web del Ministerio de Educación.

En el fichero se incluirán los datos identificativos de las personas que llamen, de la presunta víctima y del presunto agresor, edades, centros docentes y otras informaciones facilitadas por el comunicante y que resulten relevantes para gestionar los casos. Los datos solo serán utilizados para los fines expresamente previstos y por el personal debidamente autorizado, resalta la orden del BOE.